21/02/2017

El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobará una declaración institucional que insta a buscar una solución dialogada al conflicto.

El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobará este jueves una declaración institucional presentada por los grupos municipales de PSPV y Compromís en la que trasladan al Gobierno de España el malestar del Ayuntamiento de Castelló por la decisión de liberalizar las condiciones laborales sin ningún tipo de consenso con el sector de lo estiba. Por este motivo, instan al Ministerio de Fomento a la negociación del decreto con las partes implicadas de forma urgente para adoptar una medida de consenso entre todos los implicados.

Con esta declaración institucional, el Ayuntamiento quiere explicitar su apoyo al puerto de Castellón y a los trabajadores portuarios ante la decisión del Gobierno de liberalizar las condiciones laborales del sector de la estiba. Es necesario buscar una solución en los problemas de la contratación de estibadores y que los intereses de Castellón no se vean perjudicados por ningún tipo de actitudes contraproducentes y que van totalmente en contra de lo que se pactó anteriormente con el sector.

El Gobierno estudia aprobar un Decreto Ley que prevé un cambio en el sistema actual de contratación de estibadores para cumplir con la sentencia que viene impuesta desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este documento, de momento, no contempla la existencia de un registro de personas aptas para el trabajo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a la modificación de la actividad, no es incompatible con la existencia de registros de trabajadores portuarios que autorizan a trabajar como estibador en personas que tengan la calificación necesaria.

El Ministerio de Fomento tiene que abrir una vía de negociación con las partes implicadas de forma urgente para analizar los efectos que ya están ocasionando a la economía local la implantación del decreto en su actual redacción. El sector de la estiba es clave para el funcionamiento de los puertos y, por consiguiente, para el conjunto de la economía, dado que las instalaciones portuarias canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones del Estado y son fundamentales para muchas empresas.