23/02/2017
Una proposición de la formación municipalista pide que el consistorio municipal excluya de los contratos menores y los patrocinios a las mercantiles vinculadas a los empresarios que han reconocido financiar de forma ilegal el PP.
Tal como han publicado los medios de comunicación, varios empresarios han reconocido ante la Fiscalía haber participado en la financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Algunos de estos empresarios son contratistas habituales del Ayuntamiento de Castelló. La formación asamblearia ante estas novedades ha entregado una nueva propuesta política para abordar la relación del consistorio con las mercantiles propiedad de estos empresarios.
La edil Anna Peñalver ha informado que se trata de una proposición centrada en la contratación menor y los patrocinios municipales, y, ha añadido: «hasta que no haya sentencia firme al respeto, no se podrá tomar ninguna medida en cuanto a los contratos mayores, algunos de ellos millonarios, más allá de una atención meticulosa al cumplimiento estricto de las condiciones firmadas».
A continuación ha explicado el margen de actuación que permite la contratación menor: «en este caso el consistorio decide con qué empresas quiere trabajar y con quién no, puesto que tiene la potestad de elegir a cuáles invita a presentar ofertas». En los últimos dos años, según los cálculos de los municipalistas, los empresarios que han confesado haber financiado ilegalmente el PP han facturado en contratos menores, mediante varias empresas, más de 600.000 euros al Ayuntamiento de Castelló.
La intención de Castelló en Moviment, tal como consta en la proposición registrada, pretende «dejar inmediatamente de invitarlos por esta modalidad contractual».
Además, la formación municipalista ha añadido a esta proposición la exclusión de estas empresas de los patrocinios municipales, el que podría afectar a varias actividades del Ayuntamiento publicitades junto con estas mercantiles. Anna Peñalver señala que «la corrupción política y empresarial denota una falta evidente de compromiso real con los valores democráticos. No puede ser que una institución pública premio empresas que tienen comportamientos éticamente refusables».
