11/10/2016
La formación asamblearia está convencida que la participación vecinal en los Plenos es legal e informa que sigue estudiando como llevarla adelante.
Después de valorar el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (CJC) sobre la participación a los plenos, la agrupación ciudadana no ha dudado al cuestionar este organismo y la validez de su dictamen.
Ante este informe y las acusaciones por parte del Partido Popular de haber engañado la ciudadanía con la promesa de un escaño ciudadano, los municipalistas aseguran que su grupo político sigue trabajando para conseguir abrir el pleno en la ciudadanía. Por voz de su responsable de participación, la edil Anna Peñalver, han informado de los contactos que tienen con un experto en Derecho Constitucional para obtener un informe alternativo.
Peñalver considera que el CJC "ha hecho una lectura muy restrictiva del derecho a la participación y de la exclusividad de los cargos electos en las deliberaciones de las instituciones". Así, hace referencia al estudio que su grupo político ha hecho de los reglamentos otros municipios. Según señala "hemos encontrado numerosos ejemplos de mecanismos que permiten la intervención ciudadana en las sesiones ordinarias de los Plenos".
Entre las ciudades que pone de ejemplo se encuentran Zamora, Palma, Mataró, Berga o Esplugues de Llobregat. "Hay algunas que incluso permiten a las asociaciones y a los Consejos de participación presentar propuestas para ser debatidas y votadas al Pleno", asegura Peñalver.
Finalmente, han recordado la composición del CJC para cuestionar su neutralidad política. Entre algunos de los miembros de este organismo autonómico se encuentran: el ex-presidente de la Generalitat Francisco Camps; como presidente del CJC ejerce el director de la "sospechosa" tesis de Camps, Vicente Garrido, garante legal de una de las empresas salpicadas por el Caso Palau; como vicepresidente, la mano derecha de Alfons Rus en el Ayuntamiento de Xàtiva y vicepresidente de la Diputación de Valencia durante su mandato, José Díez Cuquerelles. También formó parte Enrique Fliquete, abogado del PP en un caso de transfuguismo al Ayuntamiento de Benidorm; y Federico Fernandez Roldan, otro consejero a propuesta del PP cuestionado para el cargo por falta de méritos jurídicos.
