03/05/2017

Castelló en Moviment lleva un año solicitando un informe sobre la aplicación de la Instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. Ha reclamado al Consell de Transparencia para que dictamine si el consistorio está incumpliendo sus obligaciones.

La agrupación electoral, Castelló en Moviment, ha puesto sobre la mesa otro asunto que tensa las relaciones con el bipartito. En este caso se trata del acceso a la información.

La concejal de la formación asamblearia, Anna Peñalver, ha explicado que desde mayo del 2016 su grupo municipal ha reclamado hasta tres veces en las comisiones informativas del consistorio un informe para evaluar la inclusión de criterios sociales en la contratación pública del Ayuntamiento. Peñalver ha detallado que «la Instrucción sobre cláusulas sociales, aprobada el 2012, indica que tienen que hacer una evaluación anual sobre su aplicación.

El gobierno sabe que para nosotros es una prioridad, pero, después de un año prefieren seguir vulnerando nuestro derecho a esta información.» La paciencia de la formación municipalista ha sido colmada. Así, han registrado una reclamación al Consell de Transparencia en la que solicitan su mediación para que intervenga en este asunto.

«Están forzándonos continuamente con agravios como este» señala Anna Peñalver. En esta reclamación relatan, junto con las actas que acreditan su versión, las múltiples ocasiones en las que han solicitado esta información, así como la carencia de respuesta por parte del equipo de gobierno. Según señala la Ley de Transparencia el límite para respondre es de 30 dias.

El Consell de Transparencia es un órgano independiente en materia de transparencia de la Generalitat Valenciana, y según indica la Ley de Transparencia, es el paso previo a la impugnación en el Tribunal Contencioso-administrativo, un paso que los municipalistas no descartan.

«Tenemos que velar por el cumplimiento de nuestros derechos, empleando las herramientas a nuestro alcance» indica Peñalver, para añadir a continuación que «las cláusulas sociales son una herramienta para combatir las desigualdades y favorecer nuevos sectores económicos, no podemos permitir que el gobierno continúe bloqueando nuestro trabajo al respeto».

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