20/04/2017

El borrador de los PGE contempla una disposición que bloquea la integración de los trabajadores de las empresas privadas que gestionan servicios públicos como empleados de los consistorios municipales.

«Se trata de un ataque del gobierno central para impedir que los municipios recuperamos los servicios públicos privatizados». Con estas palabras la edil de Castelló en Moviment, Anna Peñalver, ha definido la Disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), titulada «Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público».

La aprobación de los PGE con esta Disposición supondrá que las administraciones no puedan incorporar como empleados públicos al personal «de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio». Un elemento que preocupa la formación asamblearia, «puesto que pone trabas a que se puedan desarrollar algunas medidas del Acuerdo del Grau», indica Peñalver.

El Acuerdo de Grau son un conjunto de medidas políticas consensuadas entre el PSOE, Compromis y Castelló en Moviment, para posibilitar un gobierno municipal alternativo al PP. En este pacto se contempla la remunicipalización de servicios privatizados, una medida que deberia desplegarse durante esta legislatura. Esta es una de las prioridades en la agenda de Castelló en Moviment, pero, reconocen que se encuentran con «los pasos tímidos, si no puro desinterés» de los otros socios del Acuerdo del Grau.

Ahora, y en caso de que el PGE se aprueban, las dificultades crecerán, «motivo suficiente para avanzar en este ámbito y para que el PSOE de Castelló presione a sus compañeros del Congreso en contra de la aprobación de los PGE» señala Peñalver.

La edil municipalista considera que «el PP quiere convertir en intocables las privatizaciones, y, evitar que desde los Ayuntamientos recuperamos aquellas que son de nuestra competencia».

Tal como ha explicado Peñalver, lo más frecuente en los procesos de remunicipalización es la integración de los trabajadores de los servicios privatizados en la Administración usando la figura laboral de indefinidos no fijos, y, posteriormente con el correspondiente procedimiento de ingreso, la incorporación definitiva. Esta Disposición elimina esta posibilidad.

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